Garoña echa el candado en 2013

Trabajadores de la central siguieron el pleno portando pancartas por la continuidad.

Desde hace unas semanas la continuidad de Garoña parecía la crónica de una muerte anunciada. Filtraciones en diversios medios de comunicación a nivel nacional apuntaban el cierre de la planta en el año 2011 o en el 2013 aunque el encargado de hacer oficial la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero ayer a las seis y trece minutos de la tarde fue el Ministro de Industria Miguel Sebastián. " Garoña cerrará en el año 2013. No ha sido una decisión fácil y está justificada", abogó.

Según el titular de la cartera de Industria, el cierre es una decisión "políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asequible".

Sebastián aclaró que la decisión es coherente porque supone cumplir el programa electoral refrendado por once millones de ciudadanos que apuesta por una economía sostenible, por la energías renovables y el ahorro energético. Del mismo modo, dejó claro que la resolución es laboralmente responsable porque se cuenta con un margen de cuatro años para poder desarrollar una buena alternativa industrial en la zona que garantizará "el empleo de todos y cada uno de los trabajadores de la central y contribuirá a la reindustrialación de la región".

El Ministro de Industria también puso sobre la mesa que Garoña genera más residuos que el resto de la centrales por sus características técnicas y aclaró que "sus piscinas de residuos estarían cercanas a verse agotadas".

Por último, dejó claro que el cierre es energéticamente asumible porque el suministro está garantizado gracias al mix enegército. "El resto de las nucleares podrán seguir operando hasta el final de su vida útil, al menos hasta sus cuarenta años siempre que cuentan con las condiciones de seguridad establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear". Por su parte, el Ministro de Trabajo, Celstino Corpacho, se referió brevemente al plan de actuaciones que será desarrollado en colaboración con los agentes implicados y la Junta de Castilla y León. "Estará dirigido a paliar el impacto del cese de actividad. Garantizará el empleo, incluirá un plan social, así como la compensación económica a los ayuntamientos que puedan ver mermados sus ingresos como consecuencia de la desaparición de esta actividad". y que mañana será elevado al Consejo de Ministros.

Un pleno caldeado

Antes de conocerse esta decisión el Salón de Plenos del Ayunatmiento mirandés acogía por la mañana un debate acalorado en que el que se planteaba la moción del PP que defendía la continuidad de la central hasta el año 2019 en virtud del informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear. Una moción que no salió adelante ya que ni PSOE ni IU votaron a favor.

En primer lugar, la concejala de Izquierda Unida, Conchi Ortega, puso sobre la mesa los motivos por los que su formación defiende desde el año 95 el cierre de Garoña y, desde entonces, la puesta en marcha de un plan de futuro industrial en la zona. Ortega recordó en su exposición los incidentes ocurridos sobre todo este último año que "ponen de manifiesto que Garoña es una central obsoleta con muchas grietas" e hizo hincapié en que tan sólo supone el 1,43 por ciento de la energía eléctrica española. "Exportamos más energía de la que importamos según los datos de Red Eléctrica Española y eso es un hecho. Hemos defendido hasta la saciedad un plan de recuperación de la zona que garantice el empleo. Necesitamos inversiones sostenibles y de futuro", puntualizó.

Por su parte, Borja Suárez, pidió tanto al PSOE como a IU el respaldo de la moción como señal de apoyo a los 1000 trabajadores que dependen de la planta y afirmó una y otra vez que la central es segura a tenor del informe del CSN. "El futuro de Garoña va a depender de la decisión política de una persona, de José Luis Rodríguez Zapatero y esto es un gran error...El desgaste que está sufriendo Miranda es permanente, de Garoña dependen otras 18 empresas y cerca de 1.000 trabajadores", recordó.

La defensa de la posición del Partido Socialista corrió a cargo del propio alcalde, Fernando Campo, quien en un momento especialmente tenso acusó a Suárez de ofrecer "una mala información" y "tener mala leche". El regidor mirandés dejó claro que él siempre había defendido la continuidad de la central hasta 2019(como ya se había puesto de manifiesto un mes atrás) si el informe del CSN era positivo aunque puntualizó que "la decisión no dependía de él ni del Ayuntamiento" y que la decisión definitiva dependía "de la política energética marcada por el Gobierno y no por los grupos de presión ni por el CSN".

La palabra hipocresía fue utilizada indistintamente por las tres formaciones políticas. Campo acusó a Iberdrola y a Endesa, de engrosar su bolsillo con 200 o 300 millones anuales sin pensar en sus trabajadores "con suficiente antelación". Para el alcalde mirandés, el cierre planteado por el Gobierno Central, es un cierre programado con suficientes años para elaborar un plan de industrialización en la zona con inversiones serias "para que no pase lo mismo que en Zorita". Campo también quiso dejar claro que se estaba transmitiendo un mensaje incierto entre la población. "El cierre de Garoña programado y con garantías de futuro no es ninguna catástrofe", zanjó.

Por su parte, el director de la central, José Ramón Torralbo, que se encontraba siguiendo el pleno entre los trabajadores pidió la posiblidad de decir unas palabrar tras la conclusión la sesión plenaria algo que denegó el propio alcalde. "Hubiera sido mucho mejor una unimidad de todos los grupos políticos en esta moción. Nosotros teníamos compromisos firmos de inversión para los próximos años que suponían la creación de 100 nuevos empleos. No vemos porqué la central tiene que cerrar. Que no se engañe al ciudadano a la hora de hablar de la reindustrialización y de la sustitución de los puestos de trabajo. Estamos hablando de otra cosa, la tecnología nuclear para Miranda es un polo de desarrollo con ejemplos tan significativos como el Centro Tecnológico o el Intituto Técnico de Miranda. Si se cierra esto desaparecerá".

Una decisión muy criticada

Después de conocerse la decición adoptada por el Gobierno Central, las reacciones no se hicieron esperar. El coordinador general de IU en Castilla y León, José María González, manifestó su malestar por la prórroga de cuatro años. El Partido Popular en Castilla y León y algunas organizaciones empresariales como FAE o Cecale quienes calificaron ayer la decisión del Gobierno de "irresponsabilidad" y "frivolidad electoral".