La Junta interpone un recurso contra el blindaje del concierto vasco ante el Tribunal Constitucional para intentar combatir el fenómeno de la deslocalización

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, fue la encargada de explicar el recurso que presenta el Gobierno regional contra el blindaje, aprobado por el Senado el pasado 10 de febrero y que, en la práctica, otorga rango de ley a las normas fiscales de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. A su juicio, la principal consecuencia es que los tribunales ordinarios dejan de estar legitimados para dirimir conflictos relacionados con la legislación tributaria foral, que sólo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.

En todo caso, del Olmo quiso dejar claro que la Junta “no es contraria” a los derechos históricos reconocidos en la Constitución Española, aunque tiene la “obligación de defender los derechos legítimos de los ciudadanos y empresas regionales”.

Sin opción a recurrir

Hasta ahora, el sistema de garantía jurisdiccional que existía en España “era de equilibrio”, porque permitía recurrir a la Junta cuando entendía “que se había hecho un uso indebido del Concierto Vasco”. “Las diputaciones forales pueden hacer algo que no podemos las comunidades autónomas, como es regular el Impuesto sobre Sociedades, principal tributo que pagan las empresas en España. No tenemos capacidad normativa para regularlo, y es el Estado el que lo hace en las comunidades de régimen común”, manifestó la titular de Hacienda.

De este y modo y a partir de ahora, las autonomías únicamente pueden llevar al Constitucional las leyes estatales que les perjudiquen. Puesto que las normas forales no entran en esta categoría, Castilla y León no podrá volver a recurrirlas.