UN CÓDIGO PENAL AJUSTADO A NUESTRA SOCIEDAD

El Código Penal es uno de los instrumentos por los que se puede medir la categoría de una sociedad, sus principios, sus valores, la calidad de su democracia, su propia forma de sentir y de vivir. Es cierto que España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa, y que sin embargo tenemos una de las tasas de población reclusa más alta de la Unión Europea. El sistema punitivo español se ha ido endureciendo y el cumplimiento de penas en España es de los más largos de toda Europa.

Sin aumentar el índice de delincuencia en poco más de quince años se ha duplicado con creces la población reclusa en España. Quizá también sea cierto que parte de la opinión publicada —a veces no coincidente con la opinión pública— induce a la creación de una sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que no se corresponde con la realidad, y que pretende influir en el conjunto de los poderes del Estado.Ante esta situación debemos actuar con responsabilidad, intentando hacer buena pedagogía y explicando que el Código Penal no es el código moral, sino el código de convivencia con respeto a los principios y valores constitucionales, por lo que no es decente ni responsable rentabilizar políticamente el derecho penal.

El proyecto de reforma no supone un paso más de las tendencias de endurecimiento del Código Penal, que culminaron con las reformas del año 2003 del Partido Popular. Dichas reformas son un ejemplo, en el fondo y en la forma, de lo que no hay que hacer. El proyecto de ley pretende cumplir los compromisos internacionales asumidos por España, y con la armonización y aproximación del derecho penal en el ámbito de la Unión Europea. El proyecto poner a las víctimas de los delitos en el centro de protección del derecho penal, aspecto este que deberá potenciarse en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El proyecto de ley contiene aspectos tan sustanciales como la tipificación de nuevos delitos y la agravación de penas en los delitos sexuales más graves, especialmente en los delitos sexuales contra menores y delitos de terrorismo.

Además, incorpora además nuevas consecuencias jurídicas que podrán ser aplicadas a los delincuentes, tales como la libertad vigilada, la privación de la patria potestad, la localización permanente y la ampliación de los trabajos en beneficio de la comunidad. Otro de los objetivos importantes del proyecto es dotar a la Administración de Justicia de instrumentos eficaces para combatir todas las formas de corrupción.

En este sentido se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídica; se tipifica el cohecho entre particulares, y se incrementan las penas para los delitos de corrupción pública y privada; se reforma la regulación de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo; se da y amplía una nueva regulación del decomiso y de los beneficios obtenidos en la comisión de delitos; se incrementan los plazos de prescripción de los delitos para evitar la impunidad; se regulan las organizaciones y los grupos criminales, y se tipifican el acoso laboral y el acoso inmobiliario, entre otros aspectos.

En otro orden de cosas el proyecto desarrolla medidas que pretenden humanizar un poco más nuestro derecho penal, y facilitar el cumplimento de los mandatos constitucionales de rehabilitación y reinserción del delincuente, medidas que deben acentuarse especialmente en los delitos menos graves. En este sentido se puede destacar la nueva posibilidad de sustitución de las penas de tres meses y un día a seis meses por la localización permanente del artículo 88 del Código Penal, pena que habrá de contribuir a evitar los efectos criminógenos y desocializadores de la prisión.

Estamos ante una amplia y ambiciosa reforma del Código Penal, que tiene importantes condicionamientos, derivados de los compromisos internacionales de España, que tienen que ser acogidos necesariamente en nuestra legislación.

También estamos ante una reforma que pretende aumentar la protección y atención a las víctimas de los delitos, haciéndola compatible con nuestros principios constitucionales de reinserción y rehabilitación de las personas que cometen delitos y con la consideración de que el Código

Penal es la última ratio, y no el elemento sustantivo para resolver los problemas de convivencia que pueda tener la sociedad. Los Socialistas creemos que tenemos un buen proyecto de ley. Para mejorarlo y que sea de todos solo hace falta un poco de buena fe y espíritu de acuerdo así como un poco de generosidad para buscar los aspectos importantes que pueden unirnos a la mayoría. El gobierno va por ese camino, ¿También lo cogerá el PP? El tiempo lo aclarará.