SE VENDE (+ 8% IVA)

Como era previsible desde hace meses y a pesar del empeño de algunos en hacer milagros, los adjudicatarios de las viviendas de la Empresa Municipal tendrán que afrontar la subida del IVA en el precio de sus pisos. Un hecho que, si bien ya era conocido por casi todos, nos ha de llevar a efectuar algunas reflexiones acerca de las consecuencias de la citada medida impositiva en general, y sobre el devenir de la promoción de vivienda protegida municipal en particular.

En primer lugar, la decisión del Gobierno socialista de subir el IVA, que ya se aprobó en diciembre mediante la Ley de Presupuestos, se muestra ahora en su cruda realidad y, aunque esta solo sea de un punto sobre más sobre el tipo actual, supone que cada adquirente deberá desembolsar entre quinientos y ochocientos euros más de los previstos en concepto de este impuesto.

Puede que la cantidad no sea significativa para muchos, sobre todo si se tienen en cuenta las ventajas económicas y fiscales de este tipo de viviendas, pero no por ello deja de ser un castigo añadido para quienes llevan esperando desde hace cuatro años las viviendas que les prometieron en un sorteo.

Además, la decisión gubernamental de aplicarlo a mitad de ejercicio, contribuye a la confusión y la sensación de arbitrariedad. Un impuesto que no distingue entre rentas, que no diferencia entre ocupados y parados, que en definitiva afecta a todos por igual, de una forma u otra acaba retrayendo el consumo de los hogares, lo que sin duda no ayuda a mejorar la actual situación económica.

Por otro lado, y a fin de evitar confusiones sobre la responsabilidad de cada cual en el hecho de que al final sean los adjudicatarios quienes tengan que soportar la subida de impuestos, y dando por sentado que el responsable último es Zapatero por ser quien fija la política económica, -si es que se puede llamar así-, hay que advertir en todo caso, que no cabe reproche alguno a la Junta por este tema.

Si bien se podrán cuestionar otras actuaciones en materia de vivienda a la administración regional, en el caso que ahora nos ocupa no se le pude achacar responsabilidad alguna, pues es un hecho constatado, que está dentro del plazo de tres meses establecido para otorgar la preceptiva calificación definitiva de las viviendas. Cada palo debe aguantar su vela, y en este tema a día de hoy, es la empresa presidida por el alcalde la que debe dar las oportunas explicaciones por los reiterados incumplimientos en los plazos.

El hecho de que como grupo político estemos presentes en el consejo de administración de la empresa, o que no nos hayamos opuesto expresamente a ninguna de las decisiones tomadas en aquel o por su gerencia, no puede servir de argumento a quienes tratan desacreditar nuestra posición a este respecto. Ya sea desde el gobierno o la oposición, con la finalización de las obras de esta primera promoción de Viranda, se acerca el momento de analizar detalladamente si el objetivo marcado se ha cumplido y a que precio, no solo para los adjudicatarios, sino para todos los mirandeses. La construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección que permita el acceso a las mismas a los ciudadanos con menos recursos, es un mandato legal, con fiel reflejo en nuestro planeamiento urbanístico, hasta el punto de garantizarlo con independencia del color político del gobierno municipal de turno. Es decir, si se esta construyendo VPO es porque la ley y el planeamiento lo obligan, no es por gracia, ni mucho menos, del alcalde socialista. Ahora bien, el modelo elegido hace casi siete años, cuando se creo la empresa municipal, es el que ahora hay que fiscalizar y meditar a cerca de su conveniencia para el futuro de nuestra ciudad. Con la entrega de las viviendas debemos abrir un periodo de reflexión sobre la experiencia vivida con esta primera promoción, en el que son muchos los factores a considerar, tales como el número elevadísimo de renuncias y sus causas, el retorno del patrimonio de todos donado a la empresa, la duración de todo el proceso, la satisfacción de los usuarios, los costes de gestión, las rentas reales de los adjudicatarios finales etc. Etc.