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Laura Torres: “Es incierto que haya habido sentencia alguna contra el ayuntamiento por 44 supuestos contratos irregulares”

Ante las informaciones aparecidas en torno a una sentencia sobre una reclamación de cantidad,  desde el ayuntamiento aseguran que “no ha habido sentencia alguna por “44 contratos irregulares”.

Asimismo, señalan que el informe de Asesoría Jurídica es contundente en este aspecto: “porque no se ha debatido nada sobre contratos irregulares y mucho menos de 44 contratos, el debate ha sido reclamación de cantidad y de una sola persona. Ninguna de las sentencias (en primera instancia –favorable al Ayuntamiento- o segunda instancia) han mencionado ni siquiera mínimamente la palabra irregularidad en los contratos, ni para el reclamante ni para otros 44”.

Se habla de sentencias porque esta es una sentencia en segunda instancia y a resultas de recurso de suplicación interpuesto contra la primera, dictada por el Juzgado de lo Social nº1 de Burgos, desestimando la demanda presentada y absolviendo al Ayuntamiento de las peticiones de la persona demandante.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos no es firme, cabe recurso de casación, que interpondrá el Ayuntamiento de Miranda, en base al informe de Asesoría Jurídica que indica que la sentencia pudiera tener un error en la interpretación de la correlación de números de artículos a aplicar.

En segundo lugar, afirman que la demanda interpuesta es individual y en ningún caso colectiva ni interpuesta ni promovida por sindicato alguno y hasta la fecha no hay notificación en este Ayuntamiento de más demandas interpuestas y tampoco el sindicato ha recurrido el fallo del Juzgado de lo Social, sino que ha sido el particular demandante.

“Hablan de una denuncia sobre incumplimiento de las bases, pero no se ha tratado de eso nunca porque sólo ha sido una reclamación de cantidad y se amparaban para pedirla en la aplicación del convenio del Ayuntamiento, pero nunca se ha dicho que se incumplían las bases de la convocatoria ni tampoco las sentencias hablan de eso”, recalca la concejala de Personal Laura Torres.

Cuando se recoge en texto de noticia que “el fallo expone que los trabajadores temporales que el Ayuntamiento contrata cada año gracias a un apoyo económico de la Junta de Castilla y León deben regirse por las mismas condiciones…”, cabe destacar, según Torres, “que el fallo nada de eso dice y el fallo exclusivamente dice que se estima parcialmente la demanda y se condena al Ayuntamiento al pago de una cantidad y nada más puede decir que hablar de cantidades porque esto ha sido el objeto procesal, la cantidad”.

Torres a su vez ha apostillad que al igual que una afirmación que he leído y que dice que “además con peores condiciones en otros aspectos laborales. Esa es una afirmación que nunca se dice en las sentencias ni en primera ni en segunda instancia, nunca. No se han debatido las condiciones laborales en otros aspectos, sólo las cantidades”.

Por tanto, ha señalado que “no se puede tolerar que se diga que la sentencia reconoce que además de menos salarios han estado en peores condiciones en otros aspectos, y más aún cuando además sí que se aplicaba el convenio del Ayuntamiento en otros aspectos salvo el retributivo que no se podía aplicar porque el Ayuntamiento, en cumplimiento de su convenio, aprobado por unanimidad de todos los sindicatos y grupos políticos, incluye en su artículo 2, relativo al ámbito de aplicación de este convenio, que para este tipo de trabajadores, es decir, para los contratados al amparo de las subvenciones del Ecyl, serán aplicables los artículos 1º, 2º, 3º, 12º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 21º, 22º, 26º, 28º y 30º del convenio colectivo”.

De igual manera ha asegurado que el convenio, que fue negociado, entre otras, en la comisión de 25 de enero de 2011, acordó expresamente,  y por unanimidad la anterior modificación citada. “Por tanto, las manifestaciones que CCOO realiza implica ir en contra de sus propios actos y del principio de buena fe que debería regir en todas las negociaciones. Si tan ilegal parece, ¿por qué no se votó en contra? ¿Por qué se ha esperado seis años?”, se pregunta Laura Torres, quien recuerda que “esto se aprobó así precisamente para facilitar que más personas desempleadas pudieran entrar a trabajar”.

“Entendemos que esta sentencia debiera haber motivado por qué hay que aplicar aquellos artículos del convenio colectivo que no figuran en la relación de los aplicables, oponiéndose con ello a la voluntad de esta norma pactada y firmada por los representantes de los trabajadores y del Ayuntamiento y siendo una norma que está en vigor. Es decir, si hay una norma en vigor pactada entre el Ayuntamiento y sus representantes sindicales, ¿por qué sin motivación se nos obliga a incumplir la norma pactada para esta persona demandante? La vamos a recurrir. Con todo respeto, entendemos que puede haberse dado un error de lectura del artículo 2º, quizá al no darse cuenta de que la relación numérica de los artículos aplicables a este personal consignada en el mismo no es correlativa dado que faltan varios artículos que son precisamente los del régimen retributivo y excluidos por todos los firmantes del convenio”, apostilla la edil de Personal.

A este respecto, por parte de un sindicato de los firmantes del convenio y presente en las mesas de negociación (CGT) se ha recibido en este Ayuntamiento escrito de fecha 19 de mayo en el que se manifiesta el apoyo a la aplicación tal y como se está haciendo porque contribuye a poder realizar más contrataciones en cuanto a número de personas desempleadas y disminuir el índice de desempleo.

Concluye la concejala de Personal: “Cuando se quiere hablar de exclusiones, quizá tendríamos que preguntarle a CCOO por qué en la Mesa de Diálogo Social de Castilla y León, y precisamente para estos contratos, acepta la exclusión de personas por razón de edad, por ejemplo, y lo vota a favor. El equipo de gobierno municipal nos manifestamos en contra de la exclusión por edad”.


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